Los empresarios se congratulan por la desvinculación del REF de la financiación autonómica, pero reclaman más inversión productiva


A pesar del importante crecimiento en gastos de capital previsto para el 2018, aún están muy alejados de las dotaciones del año 2008, año de precrisis en el que el presupuesto fue un 10% inferior al de este ejercicio. 
 
Los empresarios mostraron su preocupación por la situación de incertidumbre política que atraviesa nuestro país y las consecuencias económicas que esta está acarreando entre las que acuerdos tan decisivos para las islas como la actualización del REF económico o la no aprobación del convenio de carreteras. 
 
El sector empresarial de la provincia reclamó una revisión urgente y en profundidad de todo el sistema tributario canario, con el fin de buscar las fórmulas y los estímulos fiscales necesarios con los que sostener la recuperación de la economía y del empleo acaecida en los últimos ejercicios 
 En pleno de la institución cameral recibió el pasado miércoles la visita de la Consejera de Hacienda del Ejecutivo Canario, Rosa Dávila, quien expuso en detalle el presupuesto autonómico aprobado para 2018 del que se desprendió la orientación de la política social y económica del gobierno orientada eminentemente a cubrir los servicios públicos esenciales de sanidad, educación, políticas sociales y justicia con una dotación 440 millones de euros superior a la de 2017. 
 

En el transcurso del acto, los empresarios quisieron, en primer lugar, felicitar al ejecutivo por el logro alcanzado al conseguir que se desvinculen los recursos propios de nuestro Régimen Económico y Fiscal (RFE) del actual sistema de financiación autonómica, mostrando su total apoyo para que este reconocimiento quede recogido con carácter permanente en nuestro Estatuto de Autonomía. 
 

Asimismo, el presidente cameral, Santiago Sesé, destacó el cumplimiento sistemático en los últimos años de los objetivos de déficit y de deuda pública del ejecutivo, siendo capaces de presentar para 2018 un presupuesto con superávit no financiero y, por primera vez en los diez últimos años, una reducción de la deuda viva de la comunidad autónoma, la cual no ha parado de crecer desde los 1.500 millones de euros que alcanzaba a finales de 2007, hasta los 7.072 millones de euros que registraba a finales del pasado año. 
 

Con la aminoración prevista para 2018 de 259 millones de euros que la deuda autonómica se situaría en los 6.813 millones de euros al finalizar el ejercicio y se daría el primer paso para comenzar a aminorar esta carga y los gastos financieros que la misma conlleva, a la vez que liberarían recursos para ser destinarlos a gastos de funcionamiento, mejorando la capacidad de crecimiento económico de generaciones futuras, al reducirse los gastos financieros futuros sujetos a unas condiciones de financiación que probablemente no serán tan favorables como las actuales. 
 

Al hilo de la exposición, los empresarios también mostraron su preocupación por la situación de incertidumbre política que atraviesa nuestro país y las consecuencias económicas que esta está acarreando. En este sentido pusieron de manifiesto el perjuicio económico que este hecho está generando en la economía del archipiélago, con retrasos en la toma de acuerdos tan decisivos para las islas como la actualización del REF económico o la no aprobación de los presupuestos nacionales para 2018. 
 

Un retraso que ha enfriado las negociaciones Canarias-Estado y que en estos momentos está frenando la firma de convenios transcendentales para el devenir de la economía del archipiélago como el de carreteras o el de obras hidráulicas. Inversiones que para los empresarios de la provincia son urgentes y necesarias, si se quiere aprovechar la coyuntura económica para tener unas infraestructuras competitivas y mejorar del desarrollo de los sectores productivos y del empleo.  
 

A pesar de que los empresarios destacaron la mejora en términos relativos que había experimentado la dotación destinada a las inversiones (capítulos VI y VII del presupuesto) con un crecimiento del 45% y 318 millones más que en 2017, también quisieron poner de manifiesto que la recuperación de los mismos no habían tenido, ni mucho menos, el mismo crecimiento que habían experimentado los gastos corrientes, si se comparaban ambas dotaciones con las que se asignaron en los presupuestos del año 2008, ejercicio también expansivo, en el que aún no se reflejaban las secuelas que en ejercicios posteriores dejó la crisis económica en los presupuestos autonómicos. 
 

En este sentido el presidente cameral apuntó que “a pesar de que el presupuesto para 2018 es el más elevado de la historia de Canarias, superando incluso en un 10% al presupuesto precrisis del año 2008, los gastos destinados a estimular a los diferentes sectores productivos aún se sitúan un 42% por debajo de los aprobados hace 10 años, estando, por tanto, alejados de los niveles óptimos de inversión para continuar estimulando la economía”.  
 

En esta misma línea, el conjunto de los empresarios asistentes también reivindicó una mayor agilidad y simplificación administrativa, además de criterios y procedimientos comunes en todas las dependencias del ejecutivo, independientemente de la isla donde estas se ubiquen. Una apuesta por la racionalidad y la modernización de la administración que este año experimenta un crecimiento relativo del 16% respecto a 2017 en los presupuestos del ejecutivo, pero que aún se sitúa se sitúa 53.233.466 millones de euros por debajo del importe con el que fue dotada esta política de gasto hace 10 años (-89,6%), a pesar de ser una demanda insistentemente reclamada desde el sector empresarial a lo largo de esta crisis, al ser una de las reformas estructurales más importantes con la que alcanzar un sector público más productivo y competitivo. 
 

Por último, desde la representación empresarial se aplaudió la bajada de impuestos, dirigida en gran medida a mejorar el poder adquisitivo de las familias canarias, seriamente lastrado por la crisis económica; a mejorar la eficiencia energética; o a reconocer las donaciones con fines culturales, de investigación y docencia entre otros y al apoyo a las pymes con la exención del pago del IGIC para aquellas operaciones interiores que realicen personas físicas con un volumen de menor a los 30.000 euros. 
 

Medidas positivas pero que, a juicio de los empresarios, no compensan los sacrificios que también tuvieron que acometer cuando  durante la crisis se incrementaron los impuestos que debían de pagar las empresas, como fue el caso de la subida del IGIC, convirtiéndose en necesaria una revisión urgente y en profundidad de todo el sistema tributario canario, con el fin de buscar las fórmulas y los estímulos fiscales necesarios con los que sostener la recuperación de la economía y del empleo acaecida en los últimos ejercicios.