Las Cámaras de Comercio de Canarias iniciamos el pasado miércoles una nueva etapa. Ese día, el Parlamento regional aprobó la nueva ley de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y, con ello, no solo dio cumplimiento a una obligación, la de adaptar las normas autonómicas a la legislación nacional: también ha proporcionado a nuestras instituciones un marco jurídico que les permita desarrollar con garantías de estabilidad su tarea como principales aliadas de las pequeñas y medianas empresas y autónomos del Archipiélago.

El trabajo no ha sido fácil. Que finalmente cristalizara ha precisado de nueve meses de debate en el Parlamento y de un esfuerzo de negociación y pedagogía por parte de las propias cámaras. Durante este proceso, los grupos políticos han demostrado ser conscientes de la importancia de la función que realizan nuestras entidades. Pese a las diferencias que los separan, han coincidido en valorar a las cámaras y en defender el papel que desempeñan como dinamizadoras del desarrollo económico y como elementos fortalecedores del tejido productivo de la región. Su intención ha sido conseguir el mejor texto posible, y eso es algo que debemos reconocer. Las discrepancias no han impedido tampoco que se haya alcanzado un amplio consenso. 

El resultado final de esta ardua labor está caracterizado por el equilibrio, un objetivo siempre difícil de lograr y que, sin embargo, constituye uno de los principales valores de la nueva ley. El reparto de la financiación responde a criterios objetivos: un 85% se distribuye en función del número de empresas censadas y el 15% restante se destinará a los servicios prestados en las islas no capitalinas, compensando de esta manera la doble insularidad que sufren estos territorios y que también afecta a su actividad económica y empresarial. Desde la Cámara de Tenerife siempre hemos alertado del riesgo de una Canarias que avance a dos velocidades. Para evitarlo, son necesarios fondos destinados a superar los factores que obstaculizan el progreso de las islas periféricas, y esta ley supone un esfuerzo por garantizarlos.

Desde la desaparición del recurso cameral, nuestras instituciones han hecho un profundo, y en ocasiones doloroso, esfuerzo de reestructuración. Hemos cumplido con nuestra parte, pero aún nos movemos en un delicado equilibrio. La nueva ley debe ayudar a cubrir gastos de funcionamiento y a evitar que incurramos en situaciones de déficit permanente. Lo hará, además, mediante un modelo de financiación mixto, que no solo incluye fondos públicos, sino también aportaciones empresariales voluntarias e ingresos derivados de la prestación de servicios. Conviene recordar, no obstante, que es la propia legislación la que asigna a las Cámaras de Comercio una serie de servicios y que, además, estos son de carácter público.

La norma a la que el Parlamento de Canarias ha dado luz verde define un amplio abanico de funciones que deben llevar a cabo las entidades camerales, las provee de herramientas para modernizar su funcionamiento y actualiza y simplifica el marco normativo en el que se desenvuelven. El trabajo que queda por delante no es poco, pero será más sencillo acometerlo si disponemos de los instrumentos necesarios, y creemos que esta norma los suministra.

La fase que ahora se abre es ilusionante y prometedora. En ella debemos satisfacer las necesidades de las empresas -en especial las más pequeñas- y los trabajadores autónomos, facilitar su actividad y, con ello, impulsar el progreso económico y social de las islas, de todas ellas. La Cámara son los empresarios, los que están empezando a poner en marcha su proyecto de negocio y precisan de ayuda y asesoramiento para hacerlo, los que necesitan formación o modernización tecnológica, los que están pensando en dar el salto al exterior o en exportar. A todos ellos, con las renovadas armas que proporciona esta ley, queremos dar respuesta.

*Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife